
Entre los días 16 y 25 de mayo de este año recibimos la visita de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Venta, Explotación Sexual y Abuso Sexual Infantil, Mama Fatima Singhateh. La Relatora fue invitada por el gobierno nacional para hacer una evaluación de la situación sobre la venta, explotación sexual y abuso sexual de infancias y adolescencias, para lo que recorrió las ciudades de Montevideo, Paysandú y el Chuy.
Durante su estadía, mantuvo reuniones y conversaciones con diversas autoridades nacionales y locales, referentes institucionales, académicas, de la sociedad civil y profesionales en la materia. En particular, con el Proyecto Autonomías Colectivas, que además aportó a la Relatora a través del Observatorio contra la Violencia de Género información sobre la situación de abuso sexual y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.
A partir de las diversas instancias de intercambio y el análisis de la información recibida, la Relatora identificó como principales preocupaciones en materia de explotación y abuso sexual de infancias y adolescencias en Uruguay:
- La trata de niñas y niños con fines de explotación sexual, laboral y trabajo forzoso
Uruguay es un país de origen, tránsito y destino para la trata de niñas y mujeres con fines de de explotación sexual y laboral. Las zonas de frontera con Argentina y Brasil surgen como áreas de ingreso temporal de niñas y mujeres que ofrecen servicios sexuales en el país y en el extranjero. Niñas y niños son además víctimas de las peores formas de trabajo infantil.
- La explotación sexual en contexto de la actividad turística
La condición de Uruguay como destino turístico promueve el fenómeno de explotación sexual de infancias en contextos de viajes o turismo. Al respecto, la Relatora destaca que no existen disposiciones legales específicas que penalicen y castiguen todas las formas de explotación sexual a niñas y niños en el marco de actividades turísticas y de viajes.
- Explotación sexual a través del sexo transaccional
A partir de las entrevistas e intercambios con diversos actores, la relatora identificó que en Uruguay está naturalizada la explotación sexual de adolescente a través del sexo transaccional. En algunas comunidades se encuentra extendida una cultura del silencio, y en algunos casos son las propias familias las que fomentan el desarrollo de este fenómeno.La ausencia de datos e información oficial al respecto impide cuantificar el alcance del problema.
- Uniones tempranas o matrimonio infantil
La unión temprana o matrimonio forzado de niñas, niño y adolescentes se reporta en mayor medida en las zonas rurales de Uruguay, y entre personas afro o perteneciente a otros grupos étnicos, especialmente de comunidades más pobres. Si bien niñas y niños son víctimas de la práctica de unión temprana o matrimonio infantil, el impacto afecta desproporcionalmente a niñas mujeres, en especial en salud sexual y reproductiva.
Diversos mecanismos de derechos humanos ya han observado a Uruguay por mantener en su ley habilitado el matrimonio a los 16 años de edad. Ante ello, la Relatora enfatiza sobre la necesidad de reformar nuestras normas para aumentar a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio.
Además, la Relatora hizo mención a grupos de población que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad:
- Comunidad trans, donde la relatora resalta la situación de discriminación en la que se encuentra la comunidad, en particular en el acceso a la educación y trabajo, ya que las cuotas legales establecidas para el ingreso laboral no se cumplen. Además, es necesario mejorar el acceso a servicios de salud en todo el territorio nacional.
- Infancias de descendencia africana, que enfrentan situaciones de discriminación y extrema pobreza. Las mujeres de descendencia africana en Uruguay se encuentran en situación de extrema pobreza, desempleo, y vulneración de sus derechos fundamentales. Además, la tasa de embarazo adolescente duplica la media nacional, alcanzando al 14,6% de esta población.
- Infancias en situación de discapacidad, las cuales se encuentran en hogares con menor participación en el mercado laboral, al requerir de cuidadores con apoyo adecuado. Las infancias en situación de discapacidad alcanzan menores niveles de educación formal, asistencia educativa, y acceso limitado a capacitación técnica, aspectos que los expone a mayores riesgos y vulnerabilidades de ser explotados o abusados.
Mecanismos de respuesta a infancias y adolescencias
Ante la visita de varios hogares 24 horas y centros de corta estadía del sistema de protección del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU), la Relatora observó importantes limitaciones a nivel presupuestario, y la falta de profesionales especializados. Además, identificó hogares en situación de hacinamiento (como el hogar Magnolia), y la permanencia de niños y niñas en estos centros temporales más allá del tiempo máximo permitido.
No existen hogares específicos para las víctimas de abuso sexual y explotación. Las niñas y niños víctimas no reciben un acompañamiento adecuado e integran en los centros debido a la falta de capacitación especializada de profesionales y educadores. En su visita, registró situaciones de violencia hacia infancias y adolescencias dentro del sistema de protección.
A partir de este diagnóstico, la Relatora de ONU realizó las siguientes recomendaciones generales:
- Datos – Hay desconocimiento de la situación actual y el alcance de las varias formas de manifestación de la violencia sexual hacia infancias y adolescencias en Uruguay. Es fundamental que el Estado uruguayo ante el reporte de una situación pueda desplegar un sistema de recolección de datos eficaz, exhaustivo y fiable para registrar esta información.
- Acceso a la justicia amigable para las infancias – Si bien se destacan los avances registrados en los últimos años, que garantizan un rol más participativo de las víctimas en los procesos vinculados a delitos por violencia sexual (ley n° 19.293), no ha sido completo el acceso efectivo de niñas, niños y adolescentes a la justicia. La falta de ámbitos judiciales especializados en infancias, y en particular sobre violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Además, se detectan importantes limitantes para garantizar el acceso a la justicia de infancias y adolescencias que residen en zonas rurales o se encuentran en situación de pobreza.
- Asignación de recursos – Muchas de las dificultades mencionadas se vinculan con las limitaciones presupuestarias de recursos humanos y financieros en instituciones que proveen servicios, la Fiscalía, la Unidad de apoyo a Víctimas, y el Poder Judicial. Para la relatora, el gobierno debe hacer más esfuerzos para asignar los recursos necesarios que permitan prestar efectivamente servicios de protección y reparación.
- Formación y concienciación – Es necesario sensibilizar a la opinión pública, a todo el país en general, y a las infancias en particular, sobre los factores culturales que fomentan el abuso y la explotación sexual en las comunidades. Además, es importante crear un plan nacional de formación y concienciación que pueda proporcionar una comprensión adecuada de las causas profundas de la victimización de los niños. También, de formar y especializar en la materia a los profesionales que trabajan con infancias y adolescencias.
- Cooperación – Se remarca la necesidad de cooperación entre el gobierno y la sociedad civil.
- Estudios e investigaciones – Resalta la necesidad de realizar un estudio sobre la prevalencia del embarazo adolescente ya que no existen datos centralizados y los disponibles no son precisos porque se centran más en los registros de las que dieron a luz y no de las que abortaron.
Por último, la Relatora hizo un llamado a reconsiderar la Ley de Corresponsabilidad en la crianza, al entenderla como una norma que antepone los intereses de un grupo específico de adultos al interés superior del niño. La Relatora plantea que la ley deja a niñas y niños desprotegidos al exponerlos a situaciones de violencia y maltrato. Por ello, manifiesta que es importante que el gobierno reconsidere esta ley, o como alternativa, se comprometa con los actores de la protección de la infancia a poner en marcha medidas que garanticen que el interés superior del niño sea la prioridad.
Por más información, ingresá aquí a la página web de Naciones Unidas, o descargá el informe de la Relatora, que está a continuación, que se encuentra en inglés.