Autonomía Económica
Para lograr el empoderamiento y el logro del desarrollo pleno de las autonomías y el acceso efectivo a la justicia, se desplegarán 3 estrategias: desarrollo de grupos de trabajo con mujeres que han sufrido violencia sexual, acciones para la autonomía económica y el Observatorio contra la Violencia Basada en Género y Acceso a la Justicia.
Se implementará un espacio para la construcción de procesos de autonomía económica, donde el abordaje de la formación, el trabajo y las condiciones de vulnerabilidad supone tener una mirada integradora. Reconociendo en este caso a las mujeres vulneradas por situaciones de violencia basada en género, como colectivos en situación de fuerte desventaja donde las opciones de integración, empoderamiento y autonomía presentan importantes dificultades. El diseño de la misma pretende organizar una capacitación pre-ocupacional, ocupacional, elaborando proyectos y desarrollando y fortaleciendo competencias básicas para la empleabilidad y ciudadanía, con enfoque de derechos, perspectiva de género y diversidad.
Implica trabajar desde la perspectiva de un proyecto de vida ya que, como dispositivo, se ofrece la posibilidad de dimensionar los pasos hacia el logro de los objetivos de desarrollo personal. Se busca integrar la dimensión social, cultural y económica, haciendo foco en aquellas habilidades blandas de corte transversal.
Esta consiste en un ciclo de formación socio- laboral que aborde lo pre-ocupacional y ocupacional de 90hs totales, organizado en 6hs semanales durante 4 meses. Se implementará un dispositivo de acompañamiento socio- laboral para la implementación de los proyectos personales por al menos 6 meses que trabaje sobre las dificultades de articulación entre el mundo público y el privado, con foco en que la inserción sea cuidada y sostenida en el tiempo. Participarán de estas acciones mujeres que vivan o hayan vivido violencia; las mujeres que participan en la línea de acción de los grupos podrán incluirse en este espacio y también mujeres derivadas por los servicios de atención de violencia de género y por organizaciones sociales en los territorios.
De esta manera, se hace foco en que quienes participen se apropien de capacidades y recursos dirigidos a cambiar una situación de partida, fuertemente insatisfactoria respecto a su calidad de vida, a los condicionamientos y discriminaciones de género, sus condiciones laborales y de inclusión social.
Importa aquí destacar que debemos desarticular aprendizajes y re-aprender; para ello debemos primero reconocer aquellos elementos presentes en nuestro discurso y práctica, analizarlos críticamente e identificar lo que necesito/quiero transformar, individual y colectivamente.
Concebimos la producción de conocimientos y formación de una conciencia crítica vinculada al mundo del trabajo, como una matriz para las transformaciones de las relaciones sociales y de la vida cotidiana.
El desarrollo de prácticas de formación implica tener una actitud activa en cuanto a nuestros aprendizajes, donde debemos analizar todas las interseccionalidades que operan para generar autonomías y producir nuevas subjetividades.
Si de participación económica hablamos, se hace indispensable generar una estrategia integral. Por ende, es necesario integrar otros actores: decisores públicos y actores privados dinamizadores de las economías locales y/o nacionales, ya sea desde una perspectiva del trabajo dependiente o independiente. Esto supone el diseño y activación de una alianza público-privada que opere como una Plataforma para la Autonomía económica de las mujeres. Esta plataforma supone la identificación, diseño e implementación, desde una perspectiva colaborativa, de itinerarios y oportunidades de inserción laboral y participación económica para las mujeres. Se busca combinar oportunidades de participación productiva, recursos públicos de formación y fomento del empleo, así como herramientas que favorezcan la incorporación productiva de emprendimientos liderados por mujeres a cadenas de valor, vinculando al menos 10 instituciones públicas y organizaciones/ empresas privadas que faciliten oportunidades de integración laboral para las mujeres vinculadas a la propuesta. Como resultado, 40 mujeres lograrán redefinir sus proyectos vitales fortaleciendo sus competencias, acompañadas desde una mirada socio laboral.
En síntesis, la acción busca contribuir en un proceso de largo plazo articulando con una importante diversidad de actores, para la erradicación de esta grave vulneración de derechos.
Por un lado, apoyar en el empoderamiento a mujeres que han sufrido violencia especialmente sexual, acompañarlas en su proceso colectivo para reparar los daños en su salud mental y en su afectación económica, social y política. Por otro lado, es fundamental fortalecer a actores clave proporcionando información clara y de calidad, así como metodologías alternativas que permitan diseñar e implementar acciones, reconociendo el problema en su integralidad, complejidad y diversidad, y poniendo a las personas en el centro como principio básico de la perspectiva de Derechos Humanos.
Se espera que estas acciones luego puedan ser replicada tanto directamente por las mujeres que las han vivenciado así como por los organismos garantes de la política pública. La acción propone una estrategia de articulación multi-actor, ya que para las transformaciones en la dimensión económica se hace indispensable integrar decisores públicos (nacionales y departamentales) y actores privados dinamizadores de las economías locales y/ o nacionales. Para esto, se trazará una alianza público- privada que opere como una plataforma de autonomía económica de las mujeres.