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30 de julio – Día Mundial contra la Trata de Personas

La trata de personas, tanto sexual como laboral, no son visualizadas como graves  problemas en nuestro país.

La trata de personas es la captación, el reclutamiento, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción o el hospedaje de personas, dentro del territorio nacional o a través de fronteras, aunque mediare el consentimiento de las mismas, con fines de explotación.

Ley n°19.643, de prevención y combate a la trata de personas

La trata es un problema poco visible y difícil de cuantificar; la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que 2,5 millones de personas son víctimas de trata en el mundo y además se calcula que por cada víctima identificada existen 20 más sin identificar.

Los datos muestran que la trata sigue afectando en su mayoría a mujeres y niñas. El 46% de víctimas de trata son mujeres, 19% son niñas, y el 15% son niños. Aunque también afecta a los varones. A nivel mundial, el 20% de las víctimas de trata son varones, dentro de los cuales el 67% sufrió trabajo forzoso. Pueden acceder al reporte completo aquí: Global Report on Trafficking in Persons 2020 – UNODC

Las personas  sobrevivientes de trata pueden experimentar depresión, estrés postraumático, ansiedad, pérdida de memoria, miedo, culpa, vergüenza, violencia física, abusos sexuales, traumatismos físicos, reiteración de embarazos no deseados, entre otros daños producidos en el contexto de explotación.  Por lo que es fundamental que haya servicios especializados que atiendan sus necesidades.

Uruguay es un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas, y en los últimos años se ha transformado básicamente en país de tránsito y destino. La aprobación de la Ley de Prevención y Combate a la Trata de Personas (n°19.643) implicó un avance sustancial para definir y visibilizar el problema; pero no ha sido suficientemente acompañada de políticas en prevención, atención, reparación y persecución del delito, que hagan posible su real cumplimiento.

Esta situación dificulta el abordaje territorial e integral del problema. A modo de ejemplo y en relación a la trata laboral, son escasos en nuestro país los servicios de atención psicosocial y legal para varones víctimas de trata laboral, y no existen albergues para ellos. Se han identificado situaciones de trata laboral de varones en el sector de la construcción, agropecuario y en menor medida en el pesquero. En el caso de las mujeres, las situaciones se vinculan al sector doméstico.

Es importante considerar la situación de mayor riesgo de explotación sexual en la que se encuentran mujeres, niñas, niños y adolescentes, principalmente en contextos de desplazamientos, migración o movilidad. Además, en las adolescentes, se identifican situaciones de trata interna o de desapariciones temporales.

En Uruguay, entre los años 2011 y 2018 se asistieron a 448 personas víctimas de trata. Estas situaciones fueron identificadas en todos los departamentos del país. 

Es importante por ello avanzar en: 

  • Dotar de presupuesto a la Ley de Prevención y Combate a la Trata de Personas (n°19.643) para garantizar su cumplimiento. 
  • Crear un Plan de combate a la Trata de personas que esté centrado en las necesidades de las víctimas  
  • Generar acciones que aborden las causas estructurales que hacen a la población vulnerable de ser captadas en procesos de trata.
  • Incluir en las políticas de prevención y combate a la trata una política migratoria con perspectiva de derechos humanos. 
  • Que  todos los organismos con responsabilidad en el tema a nivel nacional cuenten con personal capacitado para la detección y la respuesta inmediata.
  • Fortalecer respuestas y servicios de atención psicosocial y legal a personas víctimas de trata.
  • Crear servicios y alojamiento para varones víctimas de trata laboral, a fin de garantizar su salida efectiva de esta forma de explotación.
  • Ampliar los servicios de largo plazo y de reinserción social de las víctimas, incluyendo aspectos como formación vocacional, asignación laboral y vivienda.

En el 2022, desde el proyecto Autonomías Colectivas contra la Violencia de Género, participamos del proceso de revisión del Estado Uruguayo ante el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, en ocasión del examen de Uruguay el 30 de junio de 2022, en Ginebra. 

El proceso comenzó con la elaboración de un informe de la sociedad civil para presentar ante el Comité, e involucró la articulación con otras organizaciones, logrando la presentación del informe el día 27 de junio, y con reuniones con la sociedad civil el día 29 de junio, y el 30 de junio y 1ero de julio las sesiones con el Estado Uruguayo.

En el informe que se elaboró se incluyeron se describe la situación, preocupaciones y recomendaciones al Estado uruguayo en lo referido a Violencia contra la mujer, Feminicidios, Igualdad entre el hombre y la mujer, Trata de personas, Desapariciones de mujeres y adolescentes y Derechos del Niño. Pueden acceder al informe completo aquí:

En respuesta al proceso, el Comité examinó el sexto informe periódico del Uruguay y el 27 de julio de 2022, y aprobó las siguientes observaciones finales y recomendaciones al Estado Uruguayo en relación a la trata de personas: 

  • Intensificar sus esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas, especialmente a través del fortalecimiento de mecanismos de identificación en los departamentos de la frontera, para poder detectar los casos a tiempo y actuar acorde; 
  • Ampliar los servicios de largo plazo y de reinserción, incluidas la formación vocacional, asignación laboral y vivienda.

Campaña en redes sociales en el marco del 30 de julio – Día Mundial contra la trata de personas