
En un nuevo Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la mujer salimos a las calles para decir una vez más BASTA!
Dejamos la proclama de la plataforma 25N
Uruguay , 25 de noviembre de 2022.
En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, mujeres y disidencias tomamos las calles una vez más, porque defender nuestro derecho a vivir una vida plena y libre de violencias es urgente y es una cuestión de Derechos Humanos .
Derechos Humanos que son violentados por discursos de odio y prácticas institucionales que nos vulneran, por la falta de políticas públicas de calidad que incorporen la perspectiva de género y el acceso a los recursos que transformen las condiciones de vida; porque la invisibilización, exclusión y violencia extrema se vive a diario en las calles, barrios, ciudades, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en entornos virtuales.
Este 25 de noviembre marcharemos juntas, reconociendo la potencia de nuestra diversidad, parándonos contra todas las violencias para decir una vez más, BASTA!
Basta a todas las múltiples formas de violencia hacia las mujeres, violencias instaladas y sostenidas a las que somos históricamente sometidas.
Basta de violencia física que deteriora y pone en peligro nuestras vidas.
Basta de violencia moral y simbólica que nos ubica en un segundo plano y justifica toda forma de agresión.
Basta de violencia política que nos sigue excluyendo de la vida pública. Seguimos subrepresentadas. Cuando no estamos, no somos nombradas ni escuchadas nos empujan al anonimato y ser ciudadanas de segunda y tercera.
Basta de femicidios, porque ya son 40 compañeras que en el correr del presente año nos faltarán por siempre y 163 desde la aprobación de la ley N°19580. El femicidio es la expresión más cruda de una sociedad machista que tolera y legitima la violencia contra las mujeres. Se notan los avances ocurridos en los últimos años en nuestro país, pero las reticencias y resistencias en las instituciones gubernamentales persisten, en muchas ocasiones los casos de femicidios quedan impunes e invisibilizados. Exhortamos a la sensibilización y formación de los actores del sistema judicial, para el acceso a una justicia de calidad, además de abordar las secuelas que el dolor y la reparación en las víctimas conlleva. Es URGENTE la instalación de más casas de acogida en todo el territorio nacional para atender y resguardar a las mujeres víctimas de violencia de género.
Basta de violencia vicaria! porque además de matarnos a nosotras lastiman o matan a nuestros hijos e hijas!
El odio y los prejuicios por razones de orientación sexual e identidad de género también motivan la comisión de crímenes de género. Ninguna muerte nos es indiferente, exigimos justicia para los crímenes de transfemicidios.
Gritamos con fuerza basta! porque no estamos todas, porque muchas nos faltarán por siempre y muchas otras ni siquiera sabemos dónde están. Basta de desaparecidas, queremos saber dónde están nuestras gurisas. Le decimos Basta a la trata sexual y laboral.
Basta de tener en el ostracismo y a merced de la violencia a las Trabajadoras Sexuales.
Basta a la explotación sexual que nos acecha, desaparece y esclaviza. Juntas alzamos la voz, una vez más, para denunciar que NO SOMOS OBJETOS DE CONSUMO. Porque los explotadores y proxenetas están ahí, a la vuelta de la esquina, y cuentan con recursos para sostener su negocio lucrativo. Exigimos responsabilidad, compromiso ético y garantías para que los procesos de acceso a la Justicia se garanticen y porque continuamos sin admitir QUE LAS VÍCTIMAS SE AHOGUEN EN OCÉANOS DE IMPUNIDAD.
Juntas marchamos y alzamos la voz, porque aunque no estemos todas nuestra lucha es por todas, también por aquellas que respiran entre rejas. Porque las mujeres privadas de libertad se encuentran vulneradas al reproducirse y agravarse las desigualdades que prevalecen dentro de instituciones hostiles, con lógicas masculinizadas, en las que la perspectiva de género se encuentra ausente más allá de algunas iniciativas puntuales. El estado tiene la obligación de garantizar el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad y debería partir por reconocer que esas personas son también mujeres.
Rechazamos el Art 74 de la LUC que endurece las penas por microtráfico de forma desproporcionada. Al día de hoy contamos con demasiada evidencia sobre la selectividad de este artículo: en el aumento drástico de la población de mujeres privadas de libertad, y además demuestra su fuerte sesgo clasista, porque estas mujeres son en su mayoría vulneradas. Hablamos de mujeres extremadamente atravesadas por la falta de recursos económicos, la falta de redes de apoyo para el sostén de la vida y los cuidados, en situaciones de dependencia extrema, víctimas de relaciones de dominación, que son intimidadas y coaccionadas para ingresar sustancias a las cárceles para sus parejas, hijos, padres o hermanos y son sometidas a una pena mínima de 4 años!. Terminan pagando los platos rotos de un sistema que, además de oprimirlas, las encarcela por su opresión.
Juntas nos manifestamos en contra de la ley de tenencia compartida, que se impone por sobre las diversas realidades familiares y establece de antemano una única “solución” reglada para todos los casos, desconociendo la circunstancias particulares de cada familia como también la opinión y la voluntad de niñas, niños y adolescentes de acuerdo a su grado de desarrollo. Nos alarmamos porque esta ley es regresiva en términos de garantía de derechos, es innecesaria porque no mejora el marco legislativo vigente y daña a las infancias y adolescencias vulnerando directamente la protección integral de niñas, niños y adolescentes, principalmente de quienes denuncian situaciones de violencia y abuso sexual, ya que habilita regímenes de visitas provisorios aún cuando existan denuncias en trámites contra alguno de los padres, vulnerando así el principio general de precaución que debe ser priorizado siempre en estos casos.
Le decimos NO al proyecto de ley que amplía la gestación subrogada más allá de los lazos de sangre, porque abre un mercado de vientres de alquiler que vulnera los derechos de las mujeres para satisfacer el deseo de algunas personas de ser padre o madre con sus propios genes pero sin poner el cuerpo.
Exigimos terminar con la impunidad del terrorismo de Estado. El año pasado, el grupo de 28 ex-presas políticas elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la denuncia por violencia sexual durante la dictadura cívico-militar. 10 años después de haber denunciado estos crímenes ante la justicia uruguaya, no ha habido ningún avance en la investigación. POR MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA Y NUNCA MÁS.
Denunciamos la violencia que la pobreza en Uruguay produce, y esta violencia también tiene cara de niña, niño y de mujer. Resulta alarmante el aumento de la población con necesidades básicas insatisfechas, siendo mayoritariamente mujeres, infancias y adolescencias las más vulneradas, pues tanto la aporofobia como la pobreza son formas latentes de violencia. A pesar de ello las mujeres estamos también allí al pie del cañón, en las ollas, produciendo alimentos y recibiendo a las filas de personas y familias que nada tienen. Somos alrededor del 70 % de esa trama comunitaria y solidaria que nos paramos de frente a las necesidades alimenticias, contrarrestando al Estado que, además de estar ausente, criminaliza la solidaridad y la organización social.
NI UN PASO ATRÁS en relación a derechos sexuales y reproductivos. Exigimos que se respete la libertad y autonomía para decidir, sin coacción ni violencia, nosotras decidimos si queremos o no ser madres, cuándo, cómo y con quién. Le decimos basta a la violencia obstétrica, porque SI existe a pesar de que profesionales e instituciones sanitarias se encargan de negarla. No estamos atacando al sistema de salud, estamos exigiendo que se reconozca esta violencia estructural en el seguimiento del embarazo, parto y puerperio. Son innumerables los testimonios de violencias, testimonios ignorados, que no repercuten en lo absoluto en cambios para la mejora en la atención integral; además de la elevada la cantidad de cesáreas innecesarias. Exigimos políticas y acciones concretas para combatirla y erradicarla.
Y una vez más decimos NIÑAS, NO MADRES! La maternidad forzada es TORTURA.
Juntas y diversas contra todas las violencias. Porque sabemos que la violencia es interseccional exigimos que así sean las políticas que buscan darle respuesta. Porque somos mujeres y disidencias, afro e indígenas, migrantes, trans y no binaries, lesbianas y bisexuales, mujeres en situación de discapacidad o de pobreza, somos las mujeres de todo el país, somos las niñas y las viejas.
Denunciamos el ninguneo estadístico que deja en evidencia el racismo estructural que las mujeres afrodescendientes e indígenas vivimos. Necesitamos saber en qué situación estamos, basta de omisiones! hablamos de la violencia estatal que obstruye el diseño de políticas públicas focalizadas y reales, con la asignación de recursos que hagan frente a la discriminación múltiple e interseccional. La invisibilidad es intencional, es política, porque acá estamos y es hora de que nos vean. Exigimos el cumplimiento de la Ley 19.122.
Basta de violencia racista!
Denunciamos los magros avances en el acceso a una justicia de calidad, especializada, diligente, protectora de las víctimas. LOS JUZGADOS MULTIMATERIA DEBEN SER INSTRUMENTADOS.
El Estado es responsable, estamos ante una emergencia nacional y tener un compromiso serio en su combate y erradicación, implica transformaciones profundas y serias en la educación, en las políticas de salud, en las políticas de protección social, en las políticas de seguridad, en el acceso a políticas de vivienda de calidad y en el acceso a la justicia. Los recursos económicos y la voluntad política son insuficientes.
Por una renta básica universal para cubrir los derechos humanos, como inversión en el desarrollo del potencial de las personas.
Re-instalación de Mesas Interinstitucionales en todos los territorios.
No hay transformación educativa posible ni reforma de la seguridad social real si no combatimos las bases que sustentan una sociedad desigual.
Por una educación libre de estereotipos, por la construcción de una cultura de la NO VIOLENCIA.
Por un sistema de seguridad social fuerte, solidario e integral.
Las reformas que se están planteando no sólo profundizan desigualdades, sino desconocen los impactos graves en las infancias, adolescencias, mujeres y adultas mayores.
¡No hay compromiso sin la asignación correcta de recursos, no hay recursos sin voluntad política!
Es urgente que se cumpla con lo establecido en la ley 19.580 en todos sus términos.
Basta de implementaciones a medias! Basta de excusas!
Nosotras, mujeres y disidencias, ¡Juntas y diversas contra todas las violencias!
Plataforma 25N.